El Salvador impondrá impuesto del 30% a ONGs

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció una nueva propuesta legislativa que pretende aplicar un impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan en el país. La medida, formalizada mediante un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), fue presentada como parte de un esfuerzo por regular la influencia externa en asuntos nacionales.

El anuncio se produjo el mismo día en que varias organizaciones denunciaron la detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, acusado por las autoridades de alterar el orden público. Henríquez fue arrestado tras participar en una manifestación cerca de la residencia presidencial, en la que se solicitaba la intervención del gobierno para evitar el desalojo de unas 300 familias campesinas. La protesta terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y cuerpos de seguridad.

La propuesta legal de Bukele ocurre en un contexto de creciente tensión entre su gobierno y sectores de la sociedad civil. Aunque no se han dado más detalles del proyecto, se anticipa una pronta aprobación en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo posee mayoría. La iniciativa recuerda un intento similar en 2021, que no prosperó en ese entonces.

Bukele ha justificado la imposición del nuevo gravamen como una vía para resolver problemas sociales sin depender del financiamiento externo. “Este impuesto ayudará a encontrar una solución real”, señaló el mandatario, refiriéndose al caso de las familias amenazadas de desalojo. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida representa un intento por debilitar la acción crítica e independiente de las ONGs en el país.

El anuncio ha generado comparaciones con Nicaragua, donde más de 5,600 ONGs han sido clausuradas desde 2018 bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Observadores internacionales expresan preocupación ante un posible retroceso en la libertad de asociación en la región centroamericana, donde el margen de acción para la sociedad civil parece reducirse con rapidez.