China ejecuta a cuatro canadienses por narcotráfico

China y Canadá han protagonizado un nuevo episodio de tensiones diplomáticas tras la confirmación de la ejecución de cuatro ciudadanos canadienses en el país asiático por delitos de narcotráfico. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, expresó su rechazo absoluto a estas acciones, señalando que el gobierno canadiense había pedido clemencia en reiteradas ocasiones sin éxito.

Por su parte, China defendió la aplicación de la pena de muerte en estos casos, asegurando que los crímenes vinculados al tráfico de drogas son una amenaza grave para la sociedad. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que las ejecuciones se llevaron a cabo en estricto cumplimiento de la ley, sin distinción de nacionalidad.

El gobierno canadiense ha reafirmado su postura contra la pena de muerte en cualquier circunstancia, calificándola de "irreversible e incompatible con la dignidad humana". A su vez, la Cancillería de Canadá ha señalado que comenzará brindando apoyo consular a sus ciudadanos detenidos en el extranjero y seguirá exigiendo transparencia en los procesos judiciales chinos.

De acuerdo con datos oficiales, cerca de un centenario de ciudadanos canadienses se encuentran actualmente en prisión en China, en su mayoría acusados ​​de delitos relacionados con el tráfico de drogas. La embajada china en Ottawa confirmó la ejecución de los cuatro canadienses, aunque evitó dar detalles sobre sus identidades.

En medio de este conflicto diplomático, ex prisioneros como Michael Kovrig, quien pasó más de mil días encarcelado en China, han señalado que el país asiático no respeta el Estado de derecho ni las garantías procesales de los detenidos. Kovrig describió las ejecuciones como una muestra de insensibilidad hacia los derechos humanos y un desdén por la comunidad internacional.

China es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, aunque las cifras exactas son desconocidas debido al hermetismo del gobierno. Informes de organismos de derechos humanos han señalado que el país sigue aplicando métodos tradicionales como disparos y, en algunos casos, inyecciones letales.