Nicaragua impondrá penas de cárcel a quienes critiquen al régimen en redes sociales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente una controvertida ley que establece penas de prisión para quienes publiquen contenido considerado desfavorable hacia el régimen en redes sociales. La normativa, que fue aprobada con carácter urgente y por unanimidad, impone castigos de entre tres y cinco años de cárcel, además de multas, para quienes difundan información que genere “alarma, temor, pánico o zozobra” en la población, tanto dentro como fuera del país.

El oficialismo defendió la ley argumentando que busca “fortalecer la prevención y el enfrentamiento de delitos a través de las nuevas tecnologías y redes sociales”. Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación, describiendo la medida como una "ley mordaza" que intenta sofocar aún más las voces disidentes.

En casos donde las publicaciones sean vistas como promotoras del odio, la discriminación o la violencia, las sanciones podrían alcanzar entre cinco y diez años de prisión. La falta de definiciones claras sobre conceptos clave, como “información falsa” o “información tergiversada”, ha generado un gran malestar. Esto deja en manos del sistema judicial, que está controlado por jueces afines al régimen sandinista, la decisión sobre qué contenidos son sancionables.

El control de la información en línea es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Ortega y Murillo para acallar a la oposición, especialmente desde las protestas antigubernamentales de 2018. En 2020, ya se había implementado una ley de ciberdelitos que resultó en la detención de varios periodistas y opositores acusados de propagar "noticias falsas". Esta última ley refuerza aún más el control estatal sobre los contenidos en redes sociales.

Salvador Marenco, un abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, lamentó que el gobierno esté ampliando su “política de represión transnacional” con esta nueva ley. Aseguró que las redes sociales han sido una herramienta crucial para denunciar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y que esta medida es un paso más hacia la consolidación de un control total de las comunicaciones.

Además de esta nueva normativa, la Asamblea también aprobó la semana pasada una reforma al código penal que incluye condenas de hasta 30 años de cárcel para quienes cometan "delitos contra el Estado", aplicables a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esta reforma ha sido vista como otro esfuerzo por parte del gobierno para eliminar cualquier resistencia.

En paralelo a estas medidas, el régimen nicaragüense formalizó recientemente el destierro de 135 presos políticos, quienes fueron trasladados a Guatemala por las autoridades estadounidenses. Estos opositores, acusados de "atentar contra la soberanía y la paz" del país, también vieron sus bienes confiscados como parte de la persecución. Con ellos, el número total de nicaragüenses despojados de su nacionalidad ya asciende a 451.

La nueva ley aprobada por el gobierno de Ortega y Murillo representa un golpe más contra la libertad de expresión en Nicaragua, reafirmando el control absoluto del régimen sobre la información. La falta de definiciones claras y la expansión de penas para quienes disienten, tanto dentro como fuera del país, pone en evidencia la profundización de la represión y el aislamiento internacional que enfrenta la dictadura sandinista.