Congresistas investigados se benefician con la Ley de crimen organizado

La Ley 32108, promulgada a inicios de agosto, sigue en el centro del debate público debido a su presunto beneficio a congresistas investigados por organización criminal. Entre los mencionados se encuentran Waldemar Cerrón, Patricia Chirinos y Darwin Espinoza, quienes enfrentan serias acusaciones por su vinculación con redes delictivas.

Diversas entidades han expresado su preocupación por las implicancias de esta norma, que modifica la tipificación de delitos vinculados al crimen organizado. Organismos de justicia y sociedad civil señalan que la ley podría obstaculizar las investigaciones en curso y favorecer a aquellos que actualmente están bajo la lupa de la Fiscalía.

Legisladores defendidos por la ley

A pesar de las críticas, varios congresistas han defendido la Ley 32108. Américo Gonza, de Perú Libre, quien fue presidente de la Comisión de Justicia cuando se aprobó la norma, aseguró que esta cierra "un vacío legal que permitía a los fiscales negociar la libertad de los criminales". Sin embargo, la controversia crece debido a que más de 10 congresistas, entre ellos Gonza, son investigados por delitos relacionados con el crimen organizado.

Caso Patricia Benavides

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, también está involucrada en investigaciones por presuntamente liderar una organización criminal. Catorce congresistas de diversas bancadas, entre ellos Patricia Chirinos y Martha Moyano, han sido señalados como posibles coautores en esta red delictiva. Las acusaciones incluyen intentos de influir en la remoción de claves fiscales, como en el caso del equipo Lava Jato.

Implicación en el caso “Los Niños”

Otro grupo de legisladores, incluido Darwin Espinoza, está vinculado al caso "Los Niños", una investigación que señala a varios congresistas por haber apoyado al expresidente Pedro Castillo en un cambio de favores políticos y asignaciones de cargos públicos. Este escándalo es solo una de las muchas investigaciones que relacionan a congresistas con presuntas negociaciones ilícitas.

¿Ley a la medida?

Uno de los puntos más críticos en torno a la Ley 32108 es su relación con el caso "Los Dinámicos del Centro", que involucra a Waldemar Cerrón. La ley, promovida por Cerrón, fue vista por muchos como una estrategia para archivar la investigación en su contra. No obstante, jueces como Jorge Chávez Tamariz y Richard Concepción Carhuancho han rechazado la aplicación de esta norma en casos específicos, calificándola como una “ley con nombre propio”.

Bloqueos a la derogación

A pesar de los llamados para derogar la Ley 32108, las principales fuerzas políticas del Congreso, como Fuerza Popular y Perú Libre, han votado en contra de su eliminación. Este blindaje legislativo ha generado mayor desconfianza en la población, que ve la norma como un escudo para aquellos que enfrentan graves cargos judiciales.

Futuro incierto

El debate sobre la Ley 32108 continúa, con organizaciones públicas y privadas exigiendo su revisión y derogación. Mientras tanto, el país sigue enfrentando una creciente ola de criminalidad, en un escenario donde las normas que deberían combatir el crimen organizado parecen estar beneficiando a aquellos que legislan.