Ordenan venta de TikTok en EE. UU. para poder operar en ese país
EE. UU. alega que la aplicación puede ser un riesgo para la seguridad nacional pues amenaza la privacidad de datos de los estadounidenses frente al gobierno chino.
El reloj ha comenzado a contar en los Estados Unidos frente a TikTok. La recién aprobada legislación, que también ha destinado nuevos fondos de ayuda a Ucrania e Israel, ha entrado en vigor con una cláusula que exige a ByteDance, la empresa tecnológica china detrás de la popular aplicación de videos breves, que la venda. De lo contrario, la aplicación será vetada en el país.
La nueva ley otorga a ByteDance un período inicialmente de nueve meses para desprenderse de su creación más destacada en Occidente. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la autoridad para otorgar una extensión de tres meses más, hasta un total de un año, si considera que se han logrado avances significativos.
La administración de la Casa Blanca enfatiza que el foco de la medida está en asegurar que ByteDance se deshaga de la aplicación, no en la intención de prohibirla. "Nuestro enfoque al aplicar esta ley ahora es trabajar hacia una desinversión que esté en consonancia con la intención de la ley y las preocupaciones de seguridad nacional que llevaron a su aprobación", declaró Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa.
Las inquietudes de los legisladores giran en torno al supuesto comportamiento adictivo de la aplicación entre los usuarios, especialmente los adolescentes, y sus presuntos efectos nocivos en la salud mental. Además, está la cuestión de su propiedad china. Los críticos de TikTok argumentan que el gobierno chino podría acceder fácilmente a los datos de los millones de usuarios estadounidenses que utilizan la aplicación.
Por su parte TikTok argumenta que ha implementado medidas de control en su plataforma para tranquilizar a los padres sobre el uso que hacen sus hijos. También niega permitir el acceso del gobierno chino a los datos estadounidenses, y afirma que una prohibición violaría el derecho a la libertad de expresión.