Harvard demanda al gobierno de Trump tras veto a estudiantes extranjeros

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la Universidad de Harvard al revocar el jueves su certificación para inscribir a estudiantes extranjeros. Esta decisión, que podría dejar a más de 6,800 estudiantes sin opciones para continuar sus estudios, marca un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre la Casa Blanca y una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la revocación alegando que Harvard se ha negado a entregar registros de estudiantes extranjeros y ha promovido un “ambiente inseguro” en el campus. En una carta oficial, acusó a la universidad de fomentar posturas antisemitas y de mantener políticas que, según el gobierno, resultan discriminatorias. Los estudiantes extranjeros actualmente inscritos deberán transferirse a otras universidades para no perder su estatus migratorio. Aquellos que culminan sus cursos este semestre podrán graduarse, pero los nuevos admitidos no podrán ingresar en otoño, salvo que la decisión sea revertida por los tribunales o la administración federal.

Harvard respondió de inmediato con una demanda interpuesta en un tribunal de Massachusetts, argumentando que la medida viola la Primera Enmienda y constituye una represalia directa por no someterse a las exigencias ideológicas del gobierno. “Se trata de un ataque sin precedentes a la autonomía universitaria”, señaló la Asociación de Profesores Universitarios de Harvard.

Las tensiones entre ambas partes no son nuevas. Desde abril, el gobierno federal ha reducido de forma progresiva el financiamiento destinado a la universidad, congelando subvenciones por más de 2,200 millones de dólares. El presidente Trump también ha sugerido retirar a la institución su estatus de exención fiscal, lo cual afectaría gravemente su capacidad de recaudación.

Harvard, que cuenta con alrededor de una cuarta parte de su alumnado procedente del extranjero, se enfrenta ahora a una encrucijada legal y operativa. El presidente de la universidad, Alan Garber, calificó la medida como “ilegal e injustificada” y anunció que ya se ha solicitado una orden de restricción temporal.

El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que Harvard podría recuperar su capacidad de inscribir a estudiantes internacionales si entrega registros disciplinarios, grabaciones de protestas y otra información solicitada en un plazo de 72 horas. La universidad se había negado previamente a entregar dichos datos.

Mientras tanto, un juez federal ordenó la suspensión temporal de cualquier revocación del estatus legal de los estudiantes internacionales, aunque no está claro si esta decisión protege específicamente a quienes están matriculados en Harvard.