Gobierno mexicano uso Pegasus para espiar a más de 400 personas

Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), reveló en entrevista que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el cliente más activo del spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Esta afirmación surge a partir de documentos de presentados en el proceso judicial que enfrenta NSO en Estados Unidos, tras la demanda interpuesta por Meta. El juicio, que comenzará la próxima semana, busca determinar la magnitud del daño causado por el uso de este software.

Aunque desde hace años se sospechaba del uso de Pegasus en México, los datos recientemente revelados por WhatsApp —como parte de su investigación realizada entre abril y mayo de 2019— ofrecen una dimensión mucho más clara y alarmante. En tan solo dos meses, 456 personas en México fueron espiadas, una cifra que coloca al país por encima de cualquier otra nación, incluida la India, que aparece en segundo lugar con 100 casos.

Espionaje y encubrimiento estatal

La información apunta directamente al Ejército mexicano como principal operador del sistema durante el mandato de López Obrador, lo que contradice las declaraciones oficiales que negaban su uso. García señaló que no solo se trata de un caso de vigilancia indebida, sino también de encubrimiento sistemático. Desde la administración de Felipe Calderón hasta la actual, las fuerzas armadas habrían mantenido una relación constante con NSO Group, comprando y operando Pegasus de forma continuada.

Una de las investigaciones previas, Ejército Espía, ya había documentado que en 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional firmó un contrato con la empresa distribuidora de Pegasus en México. Sin embargo, a pesar de las resoluciones oficiales, la Sedena ha evitado entregar los documentos correspondientes, alimentando las sospechas de impunidad y falta de transparencia.

El caso, que está siendo juzgado en una corte estadounidense, promete arrojar más información en los próximos días. Entre los elementos clave se encuentran listas de víctimas, testimonios y pruebas documentales que podrían confirmar que el espionaje ilegal fue parte de una política de vigilancia estructural. R3D insiste en la necesidad de una investigación independiente, así como en la urgencia de una reforma legal que limite y supervise el uso de tecnologías de vigilancia en México.