Colombia y México lideran el índice de crimen organizado

América Latina y el Caribe enfrentan una amenaza creciente que trasciende la seguridad pública: el crimen organizado está afectando directamente el desarrollo económico y social de la región. Así lo advierte el más reciente informe del Banco Mundial, el cual sostiene que la violencia y la expansión del crimen no solo ponen en riesgo vidas, sino que debilitan las oportunidades de crecimiento, especialmente en comunidades vulnerables.

Según el reporte titulado “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, las actividades ilícitas ya no se limitan al narcotráfico. Hoy, abarcan delitos como la trata de personas, la minería ilegal, el lavado de dinero y los crímenes cibernéticos. Esta diversificación, unida a la expansión transnacional de las redes criminales, convierte al crimen organizado en una amenaza sistémica que requiere una respuesta coordinada a nivel regional y global, señaló Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región. Señaló que México destaca porque tiene 13 de los 15 mercados ilícitos, con lo cual está entre los primeros 20, seguido de Brasil y Colombia, cada uno con ocho mercados.

A pesar de que América Latina representa solo el 9% de la población mundial, las tasas de homicidios en la región son ocho veces superiores al promedio global, y las de victimización triplican ese mismo estándar. Esta desproporción refleja la gravedad del problema que enfrentan los países latinoamericanos, donde el crecimiento económico sigue siendo frágil: el Banco Mundial estima un avance regional del 2.5 % en 2025 y del 2.6 % en 2026, sostenido sobre todo por la esperada recuperación de Argentina tras años de recesión.

La demanda global de bienes ilegales, la reconfiguración de redes delictivas ante intervenciones estatales y el debilitamiento institucional exacerbado por la pandemia han consolidado el poder de los grupos criminales. En países como El Salvador, donde casi el 80 % de los negocios llegó a pagar “tarifas de protección” impuestas por maras, la extorsión y la violencia han socavado no solo la seguridad ciudadana, sino también la competitividad económica y la confianza empresarial.

El informe subraya que la criminalidad se nutre de la falta de empleo digno, de la exclusión política y del deterioro institucional. Las juventudes, sin alternativas económicas viables, encuentran en las organizaciones delictivas una vía de ingresos y reconocimiento que el sistema legal no les ofrece. Esta situación se agrava con la ineficiencia del sistema judicial y el hacinamiento en las cárceles, muchas de las cuales están dominadas por grupos delictivos.