Australia aprueba ley que prohíbe las redes sociales para menores de 16

El Senado de Australia dio un paso sin precedentes al aprobar una ley que prohíbe a menores de 16 años utilizar redes sociales. La medida, que busca proteger a los menores de los peligros en línea, se convierte en la primera legislación de este tipo a nivel mundial. Las plataformas como TikTok, Facebook e Instagram podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares australianos por incumplimientos sistemáticos, según lo estipulado por la normativa.

El proyecto fue respaldado con amplia mayoría tanto en el Senado, con 34 votos a favor y 19 en contra, como en la Cámara de Representantes, que lo aprobó con 102 votos a favor frente a 13. Aunque la Cámara Baja aún debe ratificar enmiendas hechas por la oposición, este paso es considerado un trámite debido al consenso alcanzado. Las plataformas tendrán un año para implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento antes de que las sanciones entren en vigor.

La ley incluye disposiciones claves para proteger la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, prohíbe a las redes sociales exigir documentos de identidad emitidos por el gobierno, como pasaportes o licencias de conducir, para verificar la edad de los usuarios. Sin embargo, los críticos han señalado que estas podrían implicar problemas de privacidad y aislamiento social, especialmente para comunidades vulnerables como la LGBTQI y aquellos en áreas remotas que dependen de las redes sociales para apoyo.

La legislación ha despertado posturas encontradas. Por un lado, defensores como Sonya Ryan, activista cuya hija murió tras ser víctima de un crimen en línea, consideran la medida como un avance crucial en la protección de los menores. Por otro lado, expertos en salud mental, como el senador David Shoebridge, advierten sobre posibles consecuencias negativas, como el aislamiento de jóvenes que se encuentran en estas plataformas una red de apoyo.

Esta ley marca un momento decisivo en el debate sobre la regulación digital y la responsabilidad de las grandes tecnológicas en la protección de sus usuarios más jóvenes. Mientras los líderes políticos celebran el avance, persisten los llamados a evaluar cuidadosamente las implicaciones sociales y técnicas de esta normativa.