Encuesta IPSOS: 32% cree que Dina Boluarte es la responsable de la actual crisis política
En cuanto al desempeño de la Policía para hacer frente a los manifestantes, tanto en Lima como en otras regiones del Perú, existe un significativo porcentaje que determina como excesivo su accionar.
Según la encuesta realizada por Ipsos Group S. A. en el mes de febrero para conocer la percepción de la población sobre la complicada situación política en la que están inmersos; con respecto al golpe de Estado, en Lima el 60% percibe que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, mientras que el 35% manifiesta que el Congreso fue quien hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Situación que cambia en el ámbito rural, al indicar que un 23% estima que Pedro Castillo fue quien realizó el golpe de Estado, en contraparte, el 69% se lo atribuye al Congreso.
Sobre los sentimientos que le genera a la población peruana la situación actual, la tendencia yace sobre sentimientos negativos, entre los que encontramos pena (37%), decepción (34%), impotencia (28%), frustración (26%), vergüenza (21%) y rabia (17%).
En relación al tipo de líder que los encuestados votarían como presidente de la República para el siguiente periodo, un 25% votaría por uno que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico; seguido por un 24% que considera un líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden; mientras que un 15% por uno concertador y dialogante, que busque consenso.
Para los encuestados, la presidenta Dina Boluarte (32%) es la mayor responsable en la crisis política que atraviesa el país andino, seguido por el Fujimorismo (29%), las bancadas de derecha en el Congreso (28%), tanto el expresidente Pedro Castillo y las bancadas de izquierda ostentan un 25%, el primer ministro Alberto Otárola (17%), el exprimer ministro Aníbal Torres (15%), el Movadef y otros grupos extremistas (10%), y no precisa (8%).
Asimismo, un 49% de los encuestados desaprueba con la mínima puntuación la gestión del gobierno de Dina Boluarte, en comparación a un 2% que la aprueba con la mayor calificación.
En ese sentido, en Lima, un 22% atribuye a las órdenes de la presidenta o el primer ministro de disparar a matar para restablecer el orden, en referencia a las muertes en la toma de los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca. En contraste con el interior, el cual un 41% les atribuye esa responsabilidad.
En el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), el 60% de las zonas rurales califican de excesivo el desempeño de las fuerzas del orden frente a las protestas, a diferencia de un 12% que lo consideran adecuado. En esa misma línea, Lima triplica esta última consideración, refiriendo un 36% como adecuado el accionar de la PNP.
Por último, en cuanto a las consecuencias por bloqueos de carreteras y cierre de aeropuertos, un 39% se considera afectado por la escasez y subida de precios, otro 36% se ha visto afectado en su actividad económica, seguido de un 20% de verse afectado en la capacidad de traslado, en contraparte de un 22% que no se ha visto afectado de ninguna forma.