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España impone el uso de mascarillas en centros de salud

A pesar de la decisión inicial del Ministerio de Sanidad de sólo contemplarlo como sugerencia, el aumento de contagios respiratorios los llevó a aplicar la obligatoriedad.

España impone el uso de mascarillas en centros de salud
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El Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García ha anunciado, en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la imposición obligatoria del uso de mascarillas en todos los centros de salud de España.

Esta decisión tiene como objetivo elevar la protección contra el aumento de contagios de virus respiratorios y respaldar legalmente a las comunidades autónomas que han abogado por la obligatoriedad. La medida, que ya está en vigor en países europeos como Reino Unido, Suecia y más recientemente Estados Unidos, se aplicará a pesar de que hasta el momento solo seis regiones han aceptado esta disposición.

El plazo para que las comunidades autónomas analicen la propuesta presentada por Sanidad culmina este miércoles. Hasta ahora, solo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias han aceptado la medida, mientras que el resto tiene 48 horas para presentar alegaciones. Cabe destacar que, hace apenas una semana, el Ministerio sugería la recomendación del uso de mascarillas sin contemplar la obligatoriedad, pero la situación epidemiológica ha llevado a una revisión de la postura inicial.

En el marco de un Consejo Interterritorial, Sanidad ha trasladado la recomendación de implantar la mascarilla obligatoria en todos los centros de salud del país. Ante la falta de consenso, se ha programado una nueva reunión para el miércoles, con la premisa de que las comunidades reticentes puedan aportar alternativas antes de redactar el texto final.

Mónica García, al concluir la reunión, argumentó la importancia de la medida para proteger a pacientes y profesionales, asegurandola como efectiva y respaldada por evidencia científica. Sin embargo, comunidades como Castilla y León, Madrid, Baleares y Andalucía se han posicionado en contra.