El Gobierno español activará regularizaciones exprés para inmigrantes irregulares desde abril

El Gobierno pondrá en marcha un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular que permitirá presentar solicitudes entre abril y el 30 de junio, con el compromiso de resolverlas en un plazo máximo de tres meses. La medida, pactada con Podemos, busca agilizar el acceso a la residencia y al empleo para miles de personas que ya viven y trabajan en España.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que una vez registrada la solicitud, la Administración contará con un plazo de hasta 15 días para admitirla a trámite. A partir de ese momento, los solicitantes quedarán habilitados para incorporarse al mercado laboral mientras se resuelve su expediente.

El Ejecutivo defiende que el procedimiento será “ágil, eficaz y seguro”, con el objetivo de reducir la inseguridad jurídica de los inmigrantes afectados. La admisión a trámite, subrayó la ministra, será suficiente para permitir el acceso al empleo, incluso antes de la resolución definitiva.

Podrán acogerse a esta regularización extraordinaria quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o acrediten una permanencia continuada en España de al menos cinco meses anterior a esa fecha. Además, será obligatorio demostrar la inexistencia de antecedentes penales.

Las autorizaciones concedidas incluirán permiso de residencia y trabajo, según fuentes del Ministerio de Inclusión. No supondrán, sin embargo, la concesión automática de la nacionalidad española ni el acceso inmediato a prestaciones no contributivas, ni derechos políticos como el voto. Una vez iniciado el trámite, las personas regularizadas podrán trabajar en cualquier sector y territorio del país.

Durante su intervención, Elma Saiz recordó que el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, un dato que, a su juicio, confirma la aportación estructural de la inmigración a la economía. La ministra destacó que esta regularización de inmigrantes tendrá un efecto directo en la recaudación fiscal y en el sistema de pensiones, reforzando su sostenibilidad.

La medida también contempla la protección de la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya residan en España. En estos casos, la autorización tendrá una vigencia inicial de cinco años.

España ya ha aplicado procesos similares en el pasado. El precedente más amplio se produjo en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se presentaron más de 690.000 solicitudes y se regularizó finalmente a más de 565.000 personas.

Según un informe reciente de Funcas, a comienzos de 2025 residían en España unas 840.000 personas sin documentación. De ellas, alrededor del 60% podría beneficiarse de este nuevo proceso extraordinario impulsado por el Ejecutivo y Podemos, que se aprobará mediante real decreto sin necesidad de aval parlamentario previo.

La iniciativa ha generado advertencias desde distintos ámbitos. El sindicato de Policía Nacional Jupol alertó del impacto operativo que podría suponer en las unidades de Extranjería, que ya operan al límite de su capacidad en buena parte del país, una saturación que, según apuntan, ha contribuido históricamente a situaciones de irregularidad sobrevenida.

Otros colectivos policiales han señalado posibles efectos colaterales en servicios públicos como la sanidad o en mercados tensionados como el de la vivienda, ante un aumento inmediato de la demanda. El Sindicato Unificado de Policía también recordó que la ausencia de antecedentes penales no implica necesariamente la inexistencia de antecedentes policiales.

El origen del acuerdo se remonta a una movilización ciudadana que reunió 700.000 firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular que permanecía bloqueada en el Congreso desde hacía más de un año. En este contexto, Elma Saiz destacó el papel de Podemos en el impulso de la medida: “Ha sido uno de los grupos que más ha trabajado”.

La ministra aclaró además que la vía elegida es compatible con la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, y que el procedimiento respeta plenamente el marco constitucional y la jerarquía normativa.

Desde el Ministerio de Inclusión defienden que, ante la urgencia social y el amplio consenso político, económico y social, el uso de la vía de urgencia resulta adecuado y compatible con el debate legislativo, permitiendo una respuesta inmediata a una situación prolongada en el tiempo.