Perú abrirá debate nacional para escuchar a la ciudadanía sobre la pena de muerte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció la realización de audiencias nacionales, regionales y locales para recoger las opiniones de la población acerca de la posibilidad de instaurar la pena de muerte para casos de violación y asesinato de menores. Esta iniciativa, planteada por la presidenta Dina Boluarte, busca abrir un debate amplio y serio sobre el tema.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arana aseguró que la propuesta será analizada minuciosamente y descartó cualquier intento de usar este tema como una "cortina de humo" para distraer a la opinión pública. El titular de Justicia explicó que la idea surgía tras su participación en el pleno del Congreso, donde fue interrogado sobre estrategias para combatir delitos graves como la violación de menores, el feminicidio y el sicariato.

En ese contexto, el congresista Jorge Montoya propuso considerar la pena de muerte como una posible solución, lo que implicaría la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Frente a este planteamiento, Arana subrayó que cualquier decisión debe basarse en el sentir de la ciudadanía.

El debate cobró mayor relevancia tras el trágico asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, un caso que conmocionó al país. Este hecho fue citado por la presidenta Boluarte como un ejemplo de la gravedad del problema y la necesidad de explorar medidas extremas. Arana destacó que el gobierno no puede permanecer indiferente ante estas situaciones, ya que representan una crisis de respeto por la vida humana.

“La propuesta de la presidenta no es un simple enunciado; es un compromiso que el Ejecutivo asume con responsabilidad. Nuestro Ministerio implementará estas consultas para determinar si la pena de muerte es una solución viable en estos casos”, declaró Arana. Además, aseguró que la ciudadanía tendrá un papel protagónico en esta discusión.

El ministro también aclaró que no se ha planteado un referéndum en este momento y que es prematuro especular sobre esa posibilidad. Según explicó, el mecanismo habitual sería que el Ejecutivo denuncie el Pacto de San José ante las instancias correspondientes, dejando la decisión en manos del Congreso. Sin embargo, Arana insistió en que primero es necesario escuchar a la población.

“Próximamente anunciaremos la programación de las audiencias en todos los niveles para recoger el sentir ciudadano. Este proceso será clave para orientar cualquier decisión futura”, señaló el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La magnitud del problema y la gravedad de los delitos que se buscan combatir exigen un análisis sereno y participativo, alejándose de agendas políticas o intereses particulares. La opinión pública será fundamental para definir el rumbo de esta discusión, que podría marcar un punto de inflexión en la legislación penal del país.