Luisa Alcalde acusa a Poder Judicial de frenar vacunación de COVID-19 en México

En una reciente asamblea en Veracruz, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, acusó al Poder Judicial de frenar la vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con el medio independiente Animal Político, no existen evidencias que respalden esta afirmación. Por el contrario, los datos muestran que la ciudadanía recurrió al Poder Judicial para exigir el acceso a la vacuna a través de juicios de amparo, debido principalmente a la demora del gobierno en incluir a ciertos sectores en su plan de vacunación.

De acuerdo con un mapeo de la Universidad Iberoamericana, más de mil mexicanos presentaron amparos ante Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, buscando una respuesta más inclusiva por parte de las autoridades. Entre los grupos más afectados estaban menores de edad y médico personal del sector privado, quienes fueron relegados por la estrategia gubernamental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió fallos a favor de estos sectores, ordenando su vacunación inmediata en igualdad de condiciones que el sector público.

En mayo de 2022, la SCJN determinó que los médicos privados debían ser vacunados al mismo tiempo que el personal del sector público, bajo la Ley General de Salud. Más tarde, en junio del mismo año, la Corte resolvió que los adolescentes de 12 a 17 años también debían ser vacunados sin importar si padecían comorbilidades, otorgando suspensiones judiciales a favor de los menores afectados. Estas resoluciones desmienten cualquier argumento de bloqueo por parte del Poder Judicial.

Las críticas de Alcalde también se extendieron al Tren Maya, acusando al Poder Judicial de obstruir su construcción. Sin embargo, los amparos presentados se centraron en la falta de estudios de impacto ambiental y en la vulneración de derechos de comunidades indígenas, según la Auditoría Superior de la Federación y organizaciones civiles. Aunque estas acciones legales evidenciaron irregularidades en el proyecto, no detuvieron por completo su ejecución.

El Poder Judicial apoyó un papel fundamental durante la pandemia, garantizando el acceso a derechos básicos como la salud. Lejos de obstaculizar la vacunación, las resoluciones judiciales priorizaron a sectores marginados por la estrategia gubernamental, promoviendo la equidad. Las declaraciones de Luisa María Alcalde no solo carecen de sustento, sino que desvían la atención de los verdaderos desafíos en la gestión de la pandemia y la administración pública.