Denuncian al Rey de España Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales

Un grupo de magistrados retirados del Tribunal Supremo, exfiscales anticorrupción, catedráticos, filósofos y periodistas ha presentado una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos I. La denuncia se basa en cinco presuntos delitos fiscales relacionados con sus declaraciones tributarias entre 2014 y 2018, periodo posterior a su abdicación y, por tanto, fuera del amparo de la inviolabilidad constitucional.

En diciembre de 2020, el exmonarca presentó una primera regularización fiscal por un importe de más de 556,000 euros, correspondiente al impuesto de sucesiones. Según el propio Juan Carlos I, esta autoliquidación estaba vinculada a donaciones recibidas de Allen Sanginés Krause. Dos meses después, en febrero de 2021, presentó una segunda regularización por más de 4,4 millones de euros, relacionada con gastos sufragados por la Fundación Zagakta, propiedad de Álvaro de Orleans, primo del emérito.

Los querellantes argumentan que ambas regularizaciones, efectuadas tras la apertura de investigaciones en su contra, no cumplen con los requisitos legales. Señalan que dichas acciones fueron realizadas "a posteriori", luego de recibir dos avisos de Hacienda, lo que según ellos desvirtúa la validez del proceso.

Entre los promotores de la querella destacan figuras como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, y los exfiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Los denunciantes exigen que Juan Carlos I declare en su residencia de Abu Dabi y que se investigue a diversas personas y entidades relacionadas con el manejo de su fortuna en el extranjero.

Además, solicitan que se interrogue a representantes de fundaciones y sociedades que habrían cubierto gastos del emérito, en un intento de arrojar luz sobre el origen de los fondos utilizados y su presunta ocultación al fisco.

Paralelamente, las investigaciones en Suiza sobre supuestos sobornos vinculados a contratos del AVE Medina-La Meca fueron archivadas por falta de pruebas concluyentes. En Reino Unido, el Tribunal Superior desestimó una demanda presentada por Corinna Larsen, excompañera sentimental del emérito, quien lo acusaba de acoso y difamación. Larsen buscaba una compensación de 126 millones de libras, pero la justicia británica declaró no tener jurisdicción sobre el caso.

Esta querella contra Juan Carlos I vuelve a poner en el centro del debate público el papel y la responsabilidad de los antiguos jefes de Estado una vez cesan en sus funciones. Mientras los querellantes insisten en que el rey emérito debe rendir cuentas ante la justicia, sus defensores apelan a la validez de las regularizaciones fiscales ya realizadas. El caso refleja la tensión entre la rendición de cuentas y el legado institucional de una figura controvertida en la historia reciente de España.