Corte IDH y ONU se oponen a la liberación inmediata de Alberto Fujimori
Aunque el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú no ha recibido la orden.
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), determinó que el Estado peruano no libere de inmediato a Alberto Fujimori, contradiciendo la decisión del Tribunal Constitucional.
La liberación se postergará hasta que se evalúe si la decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte IDH emitida el 7 de abril de 2022.
Cabe señalar, que la sentencia de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez, que restituye el indulto otorgado en 2016, fue aceptada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del apoyo de congresistas de Fuerza Popular para evitar su vacancia.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional concedió un habeas corpus, pero la Corte IDH recordó que Fujimori fue condenado por homicidio y lesiones graves, y que el indulto no fue analizado según sus estándares.
La Corte IDH ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación inmediata, ya que el indulto no cumplió con sus condiciones. Esto se considera un hecho de "extrema gravedad y urgencia", afectando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Aunque el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú no ha recibido la orden, siguiendo sus protocolos. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional, considerándola un retroceso para la rendición de cuentas y enfatizando que cualquier liberación debe cumplir con el derecho internacional.
La situación legal de Alberto Fujimori se encuentra en una encrucijada, con la Corte IDH y la ONU expresando preocupaciones sobre su liberación inmediata. La decisión del Tribunal Constitucional se enfrenta a la necesidad de cumplir con estándares internacionales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Este episodio destaca la complejidad y la sensibilidad en la intersección entre la política, la justicia y los derechos humanos en el escenario peruano.