Protestas en Argentina dejan decenas de heridos y más de 100 detenidos

Las manifestaciones en Argentina, protagonizadas inicialmente por jubilados que exigen mejores condiciones económicas, se tornaron en un episodio de violencia este miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional. Lo que comenzó como una protesta pacífica en reclamo de una actualización de pensiones y el acceso a medicamentos gratuitos, terminó con una fuerte represión policial y la detención de más de un centenar de personas. Entre los participantes, además de los pensionados, se sumaron aficionados al fútbol y militantes de diversas agrupaciones políticas en respaldo a los reclamos.

El operativo de seguridad desplegado por las autoridades incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Durante los enfrentamientos, al menos 46 personas resultaron heridas, de las cuales 26 pertenecen a las fuerzas de seguridad y 20 son manifestantes. Entre los casos más graves se encuentra el de un fotoperiodista que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y el de un policía herido de bala en el brazo izquierdo. Las imágenes de la represión han generado un fuerte debate en la opinión pública.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se justificó el accionar policial alegando la presencia de grupos violentos infiltrados en la protesta. Según las autoridades, entre los detenidos se encuentran miembros de barras bravas del fútbol, a quienes acusan de haber provocado los disturbios. Sin embargo, testigos en el lugar reportaron que la intervención policial se produjo cuando los manifestantes bloqueaban pacíficamente las calles aledañas al Congreso, lo que avivó la controversia sobre el uso de la fuerza por parte del Estado.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente descontento social debido a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. La reducción del gasto público ha impactado severamente a los jubilados, cuyo ingreso mínimo ronda los 340 dólares mensuales, lo que los deja en una situación económica crítica. Además, la eliminación de la moratoria previsional amenaza con dejar sin pensión a miles de personas que no cumplieron con los años de aportes requeridos.

Las repercusiones de la represión no se han hecho esperar. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social. Mientras tanto, la oposición política ha condenado los hechos y ha exigido explicaciones al gobierno. Con una economía en crisis y un clima social cada vez más tenso, las movilizaciones podrían intensificarse en las próximas semanas, desafiando la estrategia de seguridad del oficialismo.