TSJ confirma victoria de Maduro a pesar de controversias

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de las crecientes dudas sobre la legitimidad del proceso. La sentencia, emitida por un tribunal compuesto por aliados del presidente, ratifica la victoria de Maduro con base en un informe de expertos, aunque sin presentar un recuento detallado de los votos.

La decisión ha sido ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional. Los gobiernos de Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay han denunciado el fallo como un "fraude", acusando al TSJ de validar unos resultados que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Estos países han instado al gobierno de Maduro a presentar pruebas de su victoria. En contraste, naciones como Cuba y Nicaragua han celebrado la decisión, calificándola como una victoria para la democracia y el "pueblo de Simón Bolívar".

La controversia surge en un contexto de intensas protestas en Venezuela tras las elecciones. La oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, ha cuestionado los resultados oficiales, que indican que Maduro obtuvo más del 50% de los votos sin proporcionar detalles verificables. En respuesta, el TSJ ha afirmado que la decisión cierra el proceso electoral de manera "inequívoca e irrestricta", a pesar de las críticas por falta de transparencia.

En el escenario internacional, el silencio de Brasil, Colombia y México, que intentaron mediar en la crisis, ha sido notable. Mientras tanto, Estados Unidos y otros países han condenado el proceso electoral, con el reconocimiento de la oposición como vencedor. Esta falta de consenso global subraya las tensiones y la polarización en torno a la legitimidad de la presidencia de Maduro.

El reciente fallo del TSJ también ha intensificado la represión en Venezuela. Maduro ha desplegado fuerzas de seguridad para sofocar las protestas y ha implementado medidas severas contra los opositores, lo que refleja una escalada en la represión del gobierno. Las acciones incluyen detenciones masivas y la implementación de una nueva ley antifascismo que facilita la persecución de disidentes.