Trump convierte en deportables a miles de migrantes legales

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con un ambicioso plan de deportaciones masivas que ya comienza a ejecutarse con mayor claridad. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló temporalmente que personas originarias de países como Cuba o Venezuela sean expulsadas hacia terceros países, incluso aquellos ubicados en zonas de conflicto como Sudán del Sur. Esta medida marca un punto de inflexión en la estrategia migratoria republicana, cuyo alcance ha sorprendido incluso a parte del electorado estadounidense.

En paralelo, la administración está revocando permisos de trabajo y protecciones temporales a cientos de miles de migrantes que estaban legalmente establecidos en el país. Estas acciones convierten en indocumentadas a personas que contaban con autorización oficial para vivir y trabajar en EE.UU., y que ahora se vuelven elegibles para una deportación inmediata. Según reportes de CNN, el gobierno también ha delegado a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración funciones de detención y expulsión, ampliando la función de agencias que antes solo administraban beneficios migratorios.

Para sostener este endurecimiento, el gobierno ha iniciado la construcción de nuevos centros de detención, como el llamado “Alligator Alcatraz” en Florida, que busca albergar hasta 5,000 personas. La medida responde al desbordamiento del sistema actual de detención del ICE, que ya supera su capacidad instalada con más de 58,000 migrantes bajo custodia. A su vez, el gobierno ha solicitado cooperación internacional para que otros países acepten migrantes deportados, incluso cuando no sean ciudadanos de esos territorios.

Documentos diplomáticos revelados por The New York Times muestran que Estados Unidos ha contactado a al menos 58 países, muchos de ellos africanos o asiáticos, para que reciban personas expulsadas, incluidos criminales. Algunos, como Ruanda, han aceptado con apoyo financiero; otros, como Perú, han rechazado la propuesta pese a la presión. Esta política de “países terceros seguros” también forma parte de la nueva estrategia para reducir el número de solicitantes de asilo que puedan permanecer en EE.UU.

Aunque buena parte de estas decisiones enfrenta litigios, el plan de deportación se encuentra en marcha, y la Casa Blanca busca consolidar una red global para facilitar expulsiones sin precedentes. Críticos de esta política, incluidos defensores de derechos humanos y legisladores de ambos partidos, han expresado su preocupación por el debido proceso, la legalidad de estas prácticas y el impacto humanitario de enviar personas a regiones inestables.