Italia en el centro del debate por la penalización de la gestación surogada en el extranjero

Italia ha desatado una ola de controversias con la reciente aprobación de una ley que penaliza la gestación surogada en el extranjero, una práctica común en países donde está legalmente permitida. La normativa, que contempla penas de cárcel y multas significativas, ha sido duramente criticada por diversos sectores que la califican de discriminatoria, particularmente hacia las parejas del mismo sexo.

El proyecto de ley, presentado por Carolina Varchi, diputada del partido ultraderechista Fratelli d'Italia, y respaldado por la primera ministra Giorgia Meloni, fue aprobado tras un acalorado debate de siete horas en el Parlamento. Esta medida amplía la prohibición de gestación subrogada, vigente desde 2004, para castigar también a las parejas italianas que recurran a vientres de alquiler en el extranjero. Las penas incluyen entre tres meses y dos años de cárcel, además de multas que oscilan entre los 600,000 euros y hasta un millón, dependiendo del caso.

El gobierno argumenta que la ley protege la dignidad de las mujeres, evitando su explotación en el proceso de subrogación. “Una mujer no es simplemente un órgano más en juego, es quien da a luz a un niño”, afirmó Gianni Berrino, uno de los legisladores que apoyó la medida. Sin embargo, la enmienda propuesta por la Lega, el partido socio de coalición de extrema derecha, que buscaba aumentar las penas hasta 10 años de prisión, fue rechazada.

Críticas desde la oposición y los movimientos LGBTQ+

Diversos sectores han manifestado su oposición a la ley, alegando que es una herramienta de control social que ataca principalmente a las parejas del mismo sexo, quienes se ven más afectadas por la imposibilidad de recurrir a la subrogación. Filomena Gallo, de la Asociación Luca Coscioni, calificó la medida como “injusta y discriminatoria”, además de inviable jurídicamente por ignorar principios básicos del derecho penal, como la doble incriminación.

Las protestas no se hicieron esperar. Legisladores y activistas LGBTQ+ se manifestaron frente al Senado portando pancartas con mensajes como "Padres, no delincuentes", destacando que la ley afecta especialmente a aquellos que, por la prohibición del matrimonio igualitario en Italia, recurren a la subrogación para formar familias. Anna Rossomando, del Partido Demócrata, tildó la legislación de “irrazonable y ajena a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Más allá de las críticas éticas y sociales, uno de los principales problemas de la nueva ley radica en su posible dificultad de aplicación. Las lagunas jurídicas que deja en cuanto a la recopilación de pruebas, así como la posibilidad de abrir procesos retroactivos, han generado incertidumbre entre expertos legales. Además, se plantea la cuestión de cómo el Estado gestionará los certificados de nacimiento emitidos en el extranjero, lo que podría complicar aún más la situación para los padres que ya se encuentran fuera del país.

La reciente penalización de la gestación surogada en el extranjero ha puesto a Italia en el ojo del huracán, generando un profundo debate sobre los derechos de las mujeres, las familias LGBTQ+ y la justicia social. Mientras el gobierno defiende la medida como un acto de protección hacia las mujeres, los críticos sostienen que es una legislación discriminatoria y difícil de aplicar. Lo cierto es que la controversia parece lejos de resolverse, y las repercusiones tanto dentro como fuera del país seguirán siendo objeto de atención internacional.