Trump insiste en eliminar ciudadanía por nacimiento pese a fallos judiciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado ante la Corte Suprema su iniciativa para eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución. Este decreto, firmado el primer día de su segundo mandato, fue bloqueado por tribunales federales en distintos estados, lo que ha generado una intensa disputa legal. La administración argumenta que este cambio es necesario para frenar la inmigración ilegal, mientras que sus críticos lo califican como inconstitucional.

A través de una solicitud de emergencia, el Departamento de Justicia busca restringir la aplicación de los fallos judiciales que bloquean en la medida, limitando su alcance solo a quienes interpusieron demandas. Sarah Harris, asesora jurídica interina de la Casa Blanca, señaló que la petición actual no busca que la Corte Suprema determine la constitucionalidad de la norma, sino que reduzca el impacto de las decisiones de los tribunales inferiores.

Esta medida ha sido rechazada en varias instancias judiciales, que argumentan que la 14ª Enmienda garantiza el derecho a la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La Corte Suprema, en un otoño de 1898, reafirmó este principio, y hasta ahora no ha mostrado señales de querer revisarlo. Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en una interpretación más restrictiva del concepto de jurisdicción dentro de la enmienda.

El decreto presidencial buscaba impedir la emisión de documentos oficiales, como pasaportes y certificados de ciudadanía, a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentren en el país de manera ilegal o con visas temporales. La administración sostiene que esta política evitaría el uso indebido del derecho de nacimiento, mientras que sus opositores consideran que atenta contra los principios fundamentales de la Constitución.

A medida que el caso avanza en el sistema judicial, se anticipa un intenso debate sobre el alcance del poder ejecutivo y la interpretación constitucional de la ciudadanía. Si la Corte Suprema acepta la solicitud del gobierno, la política de Trump podría entrar en vigor de manera parcial mientras se resuelve la cuestión de fondo. El resultado de esta disputa tendrá implicaciones significativas en el sistema migratorio y los derechos civiles en Estados Unidos.