Nueva ola de tomas universitarias en Argentina contra el veto a la ley de financiación

Los estudiantes universitarios de Argentina intensificaron sus acciones de protesta, ocupando numerosas universidades en todo el país. Esta movilización surge en respuesta al veto presidencial de Javier Milei a la ley que proponía un ajuste en la financiación de las universidades públicas, basado en la inflación.

Hasta el momento, más de 40 facultades de 15 universidades distribuidas en varias provincias han sido tomadas. Los estudiantes, reunidos en asambleas, discuten cómo continuar con sus manifestaciones mientras llevan a cabo clases públicas en la vía pública y organizan movilizaciones en diferentes puntos del territorio argentino.

Martina Rapascioli, estudiante de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las facultades ocupadas, expresó su preocupación: “Desde principios de año hemos advertido sobre la reducción presupuestaria. La mayoría de los docentes trabajan ad honorem y quienes reciben salario, cobran entre 124,000 y 150,000 pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza”. Rapascioli también denunció el mal estado de las instalaciones universitarias, destacando el desgaste de las aulas y la precariedad generalizada en el sistema educativo.

Apoyo del cuerpo docente

Paralelamente a las protestas estudiantiles, el personal docente y no docente de las universidades públicas también se ha sumado a las movilizaciones. Los gremios que representan a estos trabajadores anunciaron una nueva serie de paros para el 17, 21 y 22 de octubre, en rechazo a la decisión de Milei y en defensa de mejores condiciones laborales. Estas medidas de fuerza suceden a una movilización anterior frente al Congreso, tras la ratificación del veto presidencial.

El conflicto se agravó cuando el gobierno autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), bajo control del Ejecutivo, a auditar las universidades públicas. Esta función anteriormente recaía en la Auditoría General de la Nación (AGN), una entidad que depende del Legislativo.

Transparencia y justificación, según el gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la postura del gobierno en una conferencia de prensa, afirmando que la universidad pública no está en peligro, pero sí es necesario justificar cada partida presupuestaria. "Cada peso del contribuyente debe estar respaldado por transparencia y justificación", subrayó Adorni.

Por su parte, el presidente Milei, durante un evento en el Banco Central, reiteró su firme compromiso con el equilibrio fiscal. “Si tengo que vetar a quienes protegen sus intereses a través de las universidades, lo haré. Mi compromiso con el ajuste fiscal es inquebrantable”, afirmó el mandatario.

Impacto financiero de la ley vetada

La ley, rechazada por el Ejecutivo, buscaba ajustar las partidas presupuestarias del 2023, prorrogadas por el gobierno, acorde a la inflación acumulada de ese año, que alcanzó un 211.4%. La medida incluía un aumento bimestral vinculado al índice de precios al consumidor (IPC) para asegurar que las universidades mantuvieran su financiamiento en condiciones de alta inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley tendría un costo fiscal de 757.5 millones de dólares para el 2024, equivalente al 0.14% del PIB.

La disputa entre estudiantes, docentes y el gobierno argentino se intensifica, con más universidades sumándose a las tomas y paros previstos en los próximos días. Mientras el Ejecutivo sostiene su enfoque en la austeridad fiscal, los actores del sistema educativo advierten sobre el riesgo de precarización. Las próximas jornadas definirán el rumbo de esta batalla por la financiación universitaria.