Hacia el 2050 México tendrá 78 jubilados por cada 100 trabajadores

México enfrenta un desafío demográfico significativo: se prevé que para 2052 habrá 78 jubilados por cada 100 trabajadores activos, lo que representa un incremento del 90% respecto a la proporción actual de 41 jubilados por cada 100 trabajadores. Este cambio demográfico ejercerá una presión considerable sobre el sistema de pensiones y las finanzas públicas del país.

Actualmente, México mantiene una proporción de jubilados relativamente baja en comparación con países como Japón, que tiene 56 jubilados por cada 100 trabajadores, y Alemania, con 38. Esta situación es, en parte, resultado de la reforma al sistema de pensiones de 1997, que permitió una estabilidad temporal. Sin embargo, el envejecimiento acelerado de la población y las aportaciones insuficientes anticipan un cambio drástico en las próximas décadas. Las proyecciones indican que, para 2052, México será el tercer país con mayor presión en su sistema de jubilación entre los miembros de la OCDE, superado solo por Japón, con 80 jubilados por cada 100 trabajadores, y Corea del Sur, que pasará de 26 a 82 jubilados por cada 100 trabajadores en el mismo período.

Este escenario plantea retos significativos para la sostenibilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que deberán adaptarse a nuevas condiciones operativas para atender a una creciente población en retiro. Un ejemplo de las limitaciones actuales es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado para complementar las pensiones de trabajadores con ingresos bajos. Inicialmente se financió con 44,000 millones de pesos de cuentas inactivas del IMSS y del ISSSTE, se estima que estos recursos solo cubrirán una década de obligaciones, dejando al sistema vulnerable en el mediano plazo.

Este panorama, aunque complejo, ofrece una oportunidad para implementar reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones. Medidas como el incremento en las aportaciones obligatorias, el fortalecimiento de las políticas de inclusión laboral y la ampliación de las coberturas del sistema son esenciales. El éxito de estas acciones dependerá de decisiones políticas a largo plazo que prioricen el bienestar de las futuras generaciones y de la capacidad del gobierno para generar consenso entre los diferentes actores involucrados.