Guanajuato enfrenta ola de violencia por narcoterrorismo

La violencia en Guanajuato alcanzó un nuevo nivel de intensidad  cuando dos coches bomba explotaron en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro. Los ataques, uno de los cuales ocurrieron cerca de las instalaciones de Seguridad Pública de Acámbaro, dejaron al menos tres policías heridos y daños considerables en viviendas y vehículos cercanos.

Estos incidentes se producen en medio de una preocupante ola de violencia en el estado, que ha sumado 46 asesinatos de policías en 2024, consolidándolo como uno de los estados con mayor riesgo para las fuerzas de seguridad en México.

Las explosiones se registraron casi de forma simultánea; en Jerécuaro, una patrulla de la policía municipal fue incendiada por otro artefacto explosivo, afectando también a varios comercios cercanos. Estos eventos han llevado a la Fiscalía General de la República a asumir la investigación, considerando la escalada de ataques como actos de narcoterrorismo. El pasado lunes, la gobernadora Libia García se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para definir una nueva estrategia de seguridad, que incluye la regionalización de las fuerzas de seguridad en 10 zonas específicas del estado.

Guanajuato es particularmente vulnerable debido a la alta presencia de exintegrantes de la desaparecida Policía Federal, conocidos como “fedepales”, quienes han sido blancos de ataques en Celaya, municipio que concentra más de la mitad de los asesinatos de policías este año. Esta situación ha llevado a que las autoridades estatales y federales implementen operativos de inteligencia y vigilancia en los municipios afectados, buscando restablecer el orden y contener la violencia.

La gobernadora  Libia Dennise García ha suspendido sus actividades públicas para atender la situación y solicitó apoyo para los policías lesionados y para las familias afectadas. En el contexto de una nueva administración y una creciente presión por la seguridad, las autoridades refuerzan sus esfuerzos con operativos coordinados, pero la población aún espera más medidas contundentes para garantizar su protección y la de los cuerpos policiales.