Gobierno de Perú clasifica la transexualidad como enfermedad mental
Colectivos LGBTQ+ critican esta decisión, argumentando que podría dar paso a prácticas dañinas como las terapias de conversión.
Perú ha generado controversia al publicar un decreto que clasifica ciertas identidades de género como problemas de salud mental, retrocediendo en el reconocimiento y protección de los derechos LGBTIQ+.
El decreto supremo N° 009-2024-SA, firmado por la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), el cual establece las condiciones y atenciones financiadas para los asegurados en Perú. No obstante, el Ministerio de Salud ha incluido diagnósticos basados en la versión CIE-10, ya caduca desde 2022 con la entrada en vigor de la CIE-11. Este cambio clasifica condiciones como el transexualismo y el transvestismo de rol dual como trastornos mentales, a pesar de que la OMS ya eliminó la transexualidad de su lista de enfermedades.
Desde hace casi 34 años la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), dando pie a la creación del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en 2005, una fecha que actualmente es reconocida por más de 130 países.
Diversos colectivos y expertos han criticado fuertemente esta decisión del gobierno peruano. El colectivo Más Igualdad Perú ha recolectado firmas para exigir la revocación del decreto, mientras que Percy Mayta Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, subraya que esta medida podría disuadir a las personas trans de buscar atención médica. Argumenta que el uso de la CIE-10 perpetúa la idea de que ser trans es una enfermedad, lo que contradice los esfuerzos por garantizar un acceso inclusivo y respetuoso a los servicios de salud.
Ante las críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado defendiendo la medida, afirmando que su intención es asegurar una cobertura completa en salud mental, aunque insisten en que el CIE-10 sigue vigente mientras se implementa progresivamente el CIE-11. Este argumento ha sido cuestionado por diversos grupos que consideran la norma desfasada y peligrosa, pues podría abrir la puerta a prácticas dañinas como las terapias de conversión.