Ecuador pedirá ayuda a países aliados para combatir violencia

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha solicitado el ingreso de fuerzas especiales extranjeras para reforzar la lucha contra el crimen organizado, en medio de una crisis de violencia sin precedentes en el país. Sin embargo, esta medida requiere una reforma constitucional que aún no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, pese a los reiterados llamados del gobierno para su discusión.

El mandatario argumenta que el narcotráfico y el crimen operan en redes internacionales, por lo que es necesario un esfuerzo conjunto con países aliados. No obstante, hasta el momento no se ha revelado qué naciones estarían dispuestas a colaborar ni bajo qué condiciones se daría este apoyo militar. Paralelamente, Ecuador mantiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos, incluyendo operaciones marítimas conjuntas y la presencia de personal estadounidense en las Islas Galápagos.

El anuncio de Noboa ha generado opiniones divididas en el ámbito político. Mientras el oficialismo respalda la medida, la oposición, liderada por el expresidente Rafael Correa, la califica como una muestra de debilidad del gobierno. Correa ha criticado duramente la intención de traer fuerzas extranjeras, asegurando que la solución debe surgir desde dentro del país y con el fortalecimiento de las fuerzas locales.

La violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, con más de mil muertes violentas en lo que va del año. Enero se convirtió en el mes más sangriento de la historia ecuatoriana con 751 asesinatos registrados. En respuesta, el gobierno ha desplegado operativos militares en distintas ciudades, incluida Guayaquil, donde más de 1.400 efectivos realizaron intervenciones para frenar los homicidios.

A pesar de la incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa, Noboa ha ordenado a la Cancillería establecer contactos diplomáticos para coordinar acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Mientras tanto, el país sigue sumido en una crisis de violencia que ha puesto a prueba la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población.