Directivos de OAPAS Naucalpan, bajo investigación por presunto cobro de sueldos para Morena

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga a altos mandos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan tras denuncias de que obligaban a trabajadores a entregar parte de su sueldo en beneficio de Morena. De acuerdo con testimonios, la exigencia alcanzaba el 10% del salario mensual, bajo amenaza de perder el empleo.

Delia Ramírez, excolaboradora del organismo, presentó una denuncia formal el pasado 8 de julio de 2025, en la que relató cómo Norman Sánchez Matiaz, director comercial de OAPAS, le solicitó de manera periódica mil 200 pesos en sobres amarillos, equivalentes al porcentaje fijado.

Según la declaración, la orden habría sido instruida por Assed Rodrigo Jabil Flores Tapia, director de administración y finanzas; Ricardo Gudiño Morales, director general; y Jessica Nadia Guadalupe García Fuentes, gerente de Rezagos y Ejecución Fiscal. Ramírez aseguró que dichos funcionarios mencionaron que la petición provenía del presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, integrante de Morena.

En su testimonio, la extrabajadora afirmó que la entrega de dinero no era voluntaria: “Ese dinero sería destinado al partido político Morena, que no era opcional, que era una condición para conservar mi trabajo”. Tras más de cuatro meses entregando los pagos, expresó su inconformidad y recibió amenazas de que sería vetada laboralmente si no continuaba cumpliendo.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación contra los directivos señalados y turnó el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para dar seguimiento al caso. La denunciante recibió medidas de protección, apoyo psicológico y garantía de reparación del daño mientras avance el proceso judicial.

Además de Ramírez, otra extrabajadora del organismo se presentó ante la autoridad ministerial para respaldar las acusaciones y denunciar presiones similares por parte de sus superiores.

La investigación apunta a un presunto esquema sistemático de recaudación dentro del organismo público municipal, donde los pagos habrían sido condicionados como requisito de permanencia laboral.

El caso se desarrolla en un contexto en el que autoridades locales enfrentan cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos humanos e institucionales con fines partidistas, lo que podría derivar en sanciones de carácter penal y electoral.

Por ahora, la fiscalía continúa integrando pruebas y recabando testimonios, mientras crece la presión sobre los funcionarios señalados de participar en la presunta red de financiamiento irregular a Morena.

Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la relación entre estructuras municipales y partidos políticos, así como los riesgos de coerción hacia trabajadores públicos en procesos de recaudación fuera de la ley.