Diputados rechazan desafuero de Cuauhtémoc Blanco en medio de polémica por abuso sexual

La Cámara de Diputados votó en contra de la solicitud de desafuero del legislador y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta una acusación por presunto intento de violación contra su media hermana. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la decisión ha generado un intenso debate dentro del Congreso y entre la opinión pública. La resolución ocurre tras una sesión marcada por discursos encendidos y divisiones dentro del partido gobernante.

Durante la discusión, Blanco negó las acusaciones en su contra, asegurando que la denuncia proviene del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien señaló de estar vinculado con el crimen organizado. Acompañado por diputados de Morena, el exfutbolista afirmó que no existen pruebas en su contra y que se trata de una campaña de desprestigio. A pesar de la controversia, recibió el respaldo de legisladoras de su partido, quienes lo arroparon con gritos de "No estás solo".

La sesión también estuvo marcada por la postura de diputadas de diversos partidos que exigieron el desafuero y subrayaron la importancia de garantizar justicia con perspectiva de género. Legisladoras del PAN, Movimiento Ciudadano y otras bancadas mostraron pancartas con mensajes de apoyo a la denunciante y pidieron una investigación a fondo. "Nidia, yo sí te creo", fue una de las frases destacadas en el debate.

Blanco también rechazó señalamientos sobre su presunta implicación en el homicidio de Juan Manuel García Bejarano en 2017, tras la aparición de un video con nuevas acusaciones en su contra. Según sus declaraciones, en ese momento se encontraba de vacaciones y ha enfrentado otras acusaciones sin fundamento en su contra. Pese a ello, algunos legisladores consideran que el desafuero debió proceder para permitir una investigación sin interferencias políticas.

La decisión de la Cámara Baja ha generado reacciones encontradas. Mientras Morena defiende el dictamen como un procedimiento basado en lo jurídico y no en intereses partidistas, la oposición lo considera un acto de protección a un legislador con acusaciones graves. La discusión sobre el caso sigue abierta, con la posibilidad de que la Fiscalía de Morelos continúe con la investigación para determinar si hay elementos suficientes para reabrir el proceso.